Tuesday, January 30, 2007

 
Coalición italiana enfrenta desafío por derechos de los gay


La frágil coalición italiana de gobierno parecía el lunes lista para empezar un enfrentamiento motivado por su plan de reconocer los derechos de las parejas homosexuales y heterosexuales no casadas.
El ministro de Justicia, Clemente Mastella, dijo que preferiría ver caer al gobierno que apoyar una ley que considera inmoral, reflejando la oposición a la propuesta tanto en las filas de la misma coalición como en la poderosa Iglesia Católica.
"No me importa si el gobierno cae, pero no voy a votar por esa ley," dijo Mastella el fin de semana. "Los homosexuales pueden conseguir mayores derechos, pero nunca aceptaré la idea de que pueden ser considerados una familia."
Hasta la fecha, este ha sido uno de los temas que más ha dividido a la coalición que agrupa desde católicos a comunistas, particularmente porque conlleva preguntas morales en un país donde la Iglesia Católica aún posee una gran influencia.
El borrador de ley preparado por dos ministros de gobierno permitiría que las parejas no casadas, sin importar su orientación sexual, consigan certificados en los municipios confirmando que son una pareja.
Esto permitiría que tales parejas compartan un seguro de salud y algunos derechos de pensión, transfieran contratos de renta de uno al otro y puedan aspirar a viviendas y trabajos estatales.
La ley, conocida como PACS (Pactos de Solidaridad Civil), es similar a la aprobada en Francia. Primero deberá pasar por el gabinete y de ahí al parlamento, para un debate pleno.
Pero el enfrentamiento comenzó durante el fin de semana cuando Mastella se vio involucrado en un muy publicitado duelo verbal con Piero Fassino, líder del mayor partido de la coalición, los Demócratas de la Izquierda.
El mes pasado la norteña ciudad de Padua se convirtió en la primera ciudad de Italia que permite que parejas heterosexuales no casadas y homosexuales se registren formalmente como "familias basadas en lazos de afecto," decisión que provocó la ira del Vaticano y de la derecha política, quienes han cuestionado la constitucionalidad de la medida.

Fuente-Reuters
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