Tuesday, July 24, 2007
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Un juez niega a una mujer la custodia de sus dos hijas por ser homosexual
Pese a estar siendo investigado por sus polémicas decisiones, el juez Fernando Ferrín Calamita, de Murcia, sigue dictando sentencias que ofenden a los homosexuales. En el auto conocido ayer, del pasado 6 de junio, niega la custodia de sus hijas a una mujer por tener una relación homosexual. Asociaciones y organizaciones de mujeres y de gays y lesbianas manifestaron su repulsa por la decisión judicial y se dirigieron a las asociaciones de jueces y al CGPJ para que tomen cartas en el asunto. PSOE e IU pidieron al máximo órgano de control de la judicatura que abra un expediente contra el juez.
"¿Por qué la condición homosexual perjudica a los hijos?", se pregunta el juez en su auto, que por su redacción y valoraciones, parece más bien un conjunto de reflexiones y opiniones personales. "Pues porque los hijos tienen derecho a un padre y a una madre, no a dos madres o a dos padres. Los más prestigiosos especialistas así lo determinan. No hace falta siquiera ser especialista: el sentido común (que a veces es el menos común de los sentidos) así lo dice. El hombre y la mujer son complementarios entre sí. Dos mujeres o dos hombres, no", escribe Ferrín Calamita.
En la rueda de prensa convocada ayer por 16 organizaciones de mujeres y de gays y lesbianas, no se escatimaba en apelativos para este auto judicial: "Es un atentado contra la democracia", decía Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, que recordaba los numerosos momentos en los que el juez, ya con una investigación abierta por obstaculizar la adopción de una hija a la pareja de una mujer lesbiana, cuestiona en su auto las "leyes progresistas vigentes que tiene que aplicar". "Es un auto anticonstitucional porque el juez decide basándose en la orientación sexual de uno de los progenitores", defendía Altamira Gonzalo, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. "Este juez pone al mismo nivel el lesbianismo que el hecho de pertenecer a una secta, practicar la prostitución, ser toxicómano o pederasta: es demencial", añadía. Tanto las organizaciones convocantes como PSOE e IU han pedido al CGPJ que abra una investigación.
"Es el ambiente homosexual el que perjudica a los menores y aumenta sensiblemente el riesgo de que estos lo sean. Los niños tienen derecho a una protección integral. Y es imposible que se la dé un progenitor homosexual, por mucho respeto que merezcan las personas homosexuales, prevalece el interés del menor", escribe el juez que "se encuentra de baja", según informan en su Juzgado de Familia, el número nueve de Murcia.
Amparándose en esa idea de primar el interés de las dos menores, de 10 y 6 años y fruto de un matrimonio de casi 12 entre M. J. G. y J. M. B., Ferrín González dictamina: "Que si no se considera que la condición u orientación sexual (como eufemísticamente ahora se llama) no influye en la educación de las hijas, procedería una custodia compartida. Pero como no puedo darla porque nadie la ha pedido en este contencioso, y considero que la orientación homosexual sí influye negativamente en la educación y crecimiento armónico de las hijas, me veo en la obligación de atribuir la custodia al padre. Y, de cara a la vista principal, la madre tendrá que elegir entre sus hijas o su nueva pareja". Así de claro lo pone en los papeles.
El auto judicial es una resolución que resuelve provisionalmente los problemas del núcleo familiar y es de ejecución inmediata. Además, no es recurrible porque la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2001 lo resolvió así. Así que, hasta que se dicte sentencia en el pleito principal, prevalece este auto de Ferrín Calamita.
No obstante, y según explicaba ayer el abogado del padre, David Rubio, la madre no ha cumplido el auto y ha presentado recusación contra el juez para que el caso sea visto por otro magistrado. Según Rubio, "las hijas siguen con su madre y el que se ha ido del domicilio familiar es el padre que, aunque presentó una denuncia contra ella por incumplimiento del auto, la retiró después por sus hijas", aseguró. Añadió que su cliente "prefiere estar al margen". Fuente: El País
En la rueda de prensa convocada ayer por 16 organizaciones de mujeres y de gays y lesbianas, no se escatimaba en apelativos para este auto judicial: "Es un atentado contra la democracia", decía Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, que recordaba los numerosos momentos en los que el juez, ya con una investigación abierta por obstaculizar la adopción de una hija a la pareja de una mujer lesbiana, cuestiona en su auto las "leyes progresistas vigentes que tiene que aplicar". "Es un auto anticonstitucional porque el juez decide basándose en la orientación sexual de uno de los progenitores", defendía Altamira Gonzalo, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. "Este juez pone al mismo nivel el lesbianismo que el hecho de pertenecer a una secta, practicar la prostitución, ser toxicómano o pederasta: es demencial", añadía. Tanto las organizaciones convocantes como PSOE e IU han pedido al CGPJ que abra una investigación.
"Es el ambiente homosexual el que perjudica a los menores y aumenta sensiblemente el riesgo de que estos lo sean. Los niños tienen derecho a una protección integral. Y es imposible que se la dé un progenitor homosexual, por mucho respeto que merezcan las personas homosexuales, prevalece el interés del menor", escribe el juez que "se encuentra de baja", según informan en su Juzgado de Familia, el número nueve de Murcia.
Amparándose en esa idea de primar el interés de las dos menores, de 10 y 6 años y fruto de un matrimonio de casi 12 entre M. J. G. y J. M. B., Ferrín González dictamina: "Que si no se considera que la condición u orientación sexual (como eufemísticamente ahora se llama) no influye en la educación de las hijas, procedería una custodia compartida. Pero como no puedo darla porque nadie la ha pedido en este contencioso, y considero que la orientación homosexual sí influye negativamente en la educación y crecimiento armónico de las hijas, me veo en la obligación de atribuir la custodia al padre. Y, de cara a la vista principal, la madre tendrá que elegir entre sus hijas o su nueva pareja". Así de claro lo pone en los papeles.
El auto judicial es una resolución que resuelve provisionalmente los problemas del núcleo familiar y es de ejecución inmediata. Además, no es recurrible porque la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2001 lo resolvió así. Así que, hasta que se dicte sentencia en el pleito principal, prevalece este auto de Ferrín Calamita.
No obstante, y según explicaba ayer el abogado del padre, David Rubio, la madre no ha cumplido el auto y ha presentado recusación contra el juez para que el caso sea visto por otro magistrado. Según Rubio, "las hijas siguen con su madre y el que se ha ido del domicilio familiar es el padre que, aunque presentó una denuncia contra ella por incumplimiento del auto, la retiró después por sus hijas", aseguró. Añadió que su cliente "prefiere estar al margen". Fuente: El País
El Consejo General del Poder Judicial está investigando al magistrado Fernando Ferrín por su forma de proceder en dos procedimientos. Uno es el caso de la custodia otorgada al padre argumentando que la madre es lesbiana, del que han sido informados por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. El otro es el de un matrimonio de dos mujeres a las que Ferrín ha puesto todo tipo de obstáculos para adoptar desde hace más un año. Este miércoles se reúne la Comisión Disciplinaria y, según fuentes del Consejo, debatirán estas polémicas actuaciones.
Algunos vocales aseguran, después de leer sus resoluciones, que este magistrado no está capacitado para ejercer la función jurisdiccional y que su conducta merece un expediente disciplinario. Se está estudiando, incluso, si puede haber una infracción penal. Disciplinariamente, podría haber cometido, al menos, dos faltas graves. La primera, haber usado expresiones "innecesarias o improcedentes, extravagantes o manifiestamente ofensivas desde el punto de vista del razonamiento jurídico". La segunda, una "falta grave de consideración respecto de los ciudadanos". Por cada una de ellas podría ser sancionado con multas de 300 a 3.000 euros.
Otra de las faltas en las que podría haber incurrido, según algunos vocales, es "el incumplimiento consciente del deber de fidelidad a la Constitución", pero para determinar esta falta, muy grave y que podría acarrear el traslado, la suspensión o la separación del cargo, hace falta que el incumplimiento lo determine una sentencia judicial. Dos asociaciones de jueces, la progresista Jueces para la Democracia y la moderada Francisco de Vitoria, coincidieron ayer en que, si el dato determinante para conceder la custodia es la orientación sexual de la madre, la resolución les parece "absolutamente improcedente". La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, a la que pertenecía Ferrín Calamita hasta hace dos años, declinó pronunciarse. Su portavoz indicó que nunca alaban o censuran las decisiones de los jueces. Fuente: El País
Otra de las faltas en las que podría haber incurrido, según algunos vocales, es "el incumplimiento consciente del deber de fidelidad a la Constitución", pero para determinar esta falta, muy grave y que podría acarrear el traslado, la suspensión o la separación del cargo, hace falta que el incumplimiento lo determine una sentencia judicial. Dos asociaciones de jueces, la progresista Jueces para la Democracia y la moderada Francisco de Vitoria, coincidieron ayer en que, si el dato determinante para conceder la custodia es la orientación sexual de la madre, la resolución les parece "absolutamente improcedente". La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, a la que pertenecía Ferrín Calamita hasta hace dos años, declinó pronunciarse. Su portavoz indicó que nunca alaban o censuran las decisiones de los jueces. Fuente: El País
# posted by Gertrudis @ 12:05 AM 
