Tuesday, October 02, 2007
IU-ICV solicitará indemnizaciones para gays represaliados por el franquismoTras la aprobación el pasado 21 de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), no son pocas las formaciones que han criticado el reparto del Ejecutivo de los fondos para 2008 y ayer se anunciaron nuevas reivindicaciones desde varios frentes. ERC incidió en la escasa inversión en política social y anunció una enmienda para reclamar que la dotación prevista para la Jefatura del Estado se equipare con la del sueldo del presidente del Gobierno. Por su parte, IU-ICV tratará de impulsar indemnizaciones a homosexuales represaliados por el franquismo en el marco de los PGE para el 2008.
El portavoz de este grupo, Joan Herrera, y su ponente en materia presupuestaria, Isaura Navarro, se reunirán el próximo miércoles para tratar esta cuestión con el presidente de la Asociación de Ex presos Sociales del Franquismo, Antoni Ruiz.
Los ex presos sociales, colectivo de represaliados y encarcelados por las extintas leyes de Vagos y Maleantes y de Peligrosidad, durante la dictadura franquista y la transición (calculan que fueron unos 4.000), han reclamado estas indemnizaciones desde el principio de la legislatura, así como un reconocimiento moral y el expurgo de los expedientes que aún se encuentran en los archivos de las cárceles. Las mismas fuentes de IU-ICV indicaron que, "a la vista de sus pretensiones, tratarán de que tengan encaje en las iniciativas legislativas que se están tramitando", en concreto, en el proyecto de Ley de Presupuestos y el de la 'Memoria Histórica'.
Las compensaciones económicas podrían afectar a menos de un centenar de personas, supervivientes de la legislación franquista, que sufrieron cárcel, torturas, destierros y otras medidas represivas. Según la asociación, muchos de ellos no cotizaron lo suficiente para obtener una pensión de jubilación, dado que sus expedientes policiales les impedían acceder al mercado de trabajo.
En la actualidad, estas personas cobran una pensión no contributiva y reclaman un incremento hasta los 800 euros mensuales, o bien una compensación económica, con carácter simbólico, de unos 12.000 euros. Para acceder a estas ayudas, el Ministerio de Justicia tendría que comprobar la existencia de un expediente que acredite su paso por las comisarías y celdas del franquismo.
Ruiz ha remitido al Ministerio de Justicia una carta en el que le solicita una entrevista, al entender que ya existe jurisprudencia que justifica sus indemnizaciones, tras la reciente sentencia del tribunal Supremo, en el que se reconoce el resarcimiento de un recluta apartado del Servicio Militar en 1978, por su condición de homosexual.
En lo que se refiere al expurgo de los expedientes, el colectivo de Ex presos sociales también tiene prevista una reunión con Instituciones Penitenciarias para abordar su posible traslado a un "centro de documentación de la memoria histórica" de este colectivo, previsiblemente en Alcalá de Henares, sede del Archivo General de la Administración.
El portavoz de este grupo, Joan Herrera, y su ponente en materia presupuestaria, Isaura Navarro, se reunirán el próximo miércoles para tratar esta cuestión con el presidente de la Asociación de Ex presos Sociales del Franquismo, Antoni Ruiz.
Los ex presos sociales, colectivo de represaliados y encarcelados por las extintas leyes de Vagos y Maleantes y de Peligrosidad, durante la dictadura franquista y la transición (calculan que fueron unos 4.000), han reclamado estas indemnizaciones desde el principio de la legislatura, así como un reconocimiento moral y el expurgo de los expedientes que aún se encuentran en los archivos de las cárceles. Las mismas fuentes de IU-ICV indicaron que, "a la vista de sus pretensiones, tratarán de que tengan encaje en las iniciativas legislativas que se están tramitando", en concreto, en el proyecto de Ley de Presupuestos y el de la 'Memoria Histórica'.
Las compensaciones económicas podrían afectar a menos de un centenar de personas, supervivientes de la legislación franquista, que sufrieron cárcel, torturas, destierros y otras medidas represivas. Según la asociación, muchos de ellos no cotizaron lo suficiente para obtener una pensión de jubilación, dado que sus expedientes policiales les impedían acceder al mercado de trabajo.
En la actualidad, estas personas cobran una pensión no contributiva y reclaman un incremento hasta los 800 euros mensuales, o bien una compensación económica, con carácter simbólico, de unos 12.000 euros. Para acceder a estas ayudas, el Ministerio de Justicia tendría que comprobar la existencia de un expediente que acredite su paso por las comisarías y celdas del franquismo.
Ruiz ha remitido al Ministerio de Justicia una carta en el que le solicita una entrevista, al entender que ya existe jurisprudencia que justifica sus indemnizaciones, tras la reciente sentencia del tribunal Supremo, en el que se reconoce el resarcimiento de un recluta apartado del Servicio Militar en 1978, por su condición de homosexual.
En lo que se refiere al expurgo de los expedientes, el colectivo de Ex presos sociales también tiene prevista una reunión con Instituciones Penitenciarias para abordar su posible traslado a un "centro de documentación de la memoria histórica" de este colectivo, previsiblemente en Alcalá de Henares, sede del Archivo General de la Administración.
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# posted by Gertrudis @ 12:00 PM 
